Columna de Opinión de Rodrigo Cerda Candia, Vicepresidente FREVS.
En Chile, el debate sobre la permisología ambiental se ha convertido en un campo de batalla ideológico y económico. Por un lado, el mundo empresarial y los partidos de derecha han lanzado una crítica feroz contra las normativas ambientales, argumentando que estas son un lastre para la inversión y el crecimiento económico. Por otro, las organizaciones ambientales y las comunidades defensoras de sus territorios insisten en que no puede haber desarrollo real si no se respetan los límites de la naturaleza. Como Regionalista Verde Social, creo que este debate no debe reducirse a un falso dilema entre economía y medio ambiente. Es posible avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que equilibre ambas dimensiones, pero para ello necesitamos una regulación ambiental inteligente, justa y eficiente.
Es importante que el gobierno del presidente Boric no se deje presionar por el sector empresarial y por los ministerios del área económica, que logre equilibrar la necesidad de nueva inversión, mayor crecimiento con protección ambiental y una verdadera propuesta de crecimiento verde de nuestra economía. El país puede orientar su desarrollo a una economía más sustentable, con más energías renovables, ecoturismo en todo Chile, alimentación saludable con base en una agricultura regenerativa y agroecológica, y en especial construir un país resiliente y con una clara vocación de protección de nuestros ecosistemas. La conservación ambiental es clave en un mundo que enfrenta las consecuencias de la crisis climática que afecta en especial a Chile en varias dimensiones .
La crítica empresarial: ¿Falta de visión o intereses cortoplacistas?
El ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, llegó a calificar hace unos días, que las leyes ambientales como un «cáncer» para la economía chilena. Esta declaración, aunque polémica, refleja una postura que ha ganado fuerza en ciertos sectores: la idea de que las normativas ambientales son excesivamente restrictivas y retrasan proyectos clave para el crecimiento del país. Sin embargo, esta crítica omite varios aspectos fundamentales.
Primero, la protección ambiental no es un capricho, sino una necesidad urgente. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, con sequías prolongadas, pérdida de biodiversidad y ecosistemas frágiles. Segundo, la inversión no puede ser a cualquier costo. Proyectos como Dominga, que han sido rechazados, no solo generan impactos ambientales irreversibles, sino que también despiertan la oposición de las comunidades locales. Esto termina generando conflictos sociales y judiciales que, a su vez, retrasan aún más los proyectos.
Lecciones internacionales: ¿Cómo lo hacen otros países?
Es útil mirar cómo otros países han abordado este desafío. En Canadá, por ejemplo, los proyectos de inversión deben pasar por un riguroso proceso de evaluación ambiental que incluye consultas indígenas y participación ciudadana. Aunque esto puede extender los plazos, el país ha logrado establecer un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, siendo líder en minería sostenible. Es importante mencionar que gran parte de los proyectos mineros en Chile son de empresas mineras de ese país.
En Alemania, la transición energética (Energiewende) ha demostrado que es posible combinar crecimiento económico con políticas ambientales ambiciosas. El país ha implementado un sistema de permisos ágil para proyectos de energías renovables, lo que ha permitido reducir los tiempos de aprobación sin sacrificar los estándares ambientales. La Ley de Energías Renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) es un ejemplo clave, ya que establece incentivos para la inversión en energías limpias y simplifica los trámites para proyectos de bajo impacto ambiental. Además, Alemania ha creado mecanismos de participación ciudadana que permiten a las comunidades involucrarse en la planificación y ejecución de proyectos, lo que ha reducido los conflictos y aumentado la aceptación social.
En Nueva Zelanda, la participación ciudadana es un pilar fundamental en la evaluación de proyectos. El gobierno ha creado mecanismos para que las comunidades tengan voz y voto en las decisiones que afectan sus territorios, lo que ha reducido los conflictos y aumentado la legitimidad de los proyectos. La Ley de Gestión de Recursos (Resource Management Act, RMA) es la normativa clave en este ámbito, y aunque ha sido criticada por su complejidad, ha logrado establecer un equilibrio entre desarrollo y protección ambiental.
Finalmente, en Costa Rica, un país reconocido por su liderazgo ambiental, se ha implementado un sistema de permisos diferenciado. Los proyectos de alto impacto ambiental son sometidos a evaluaciones rigurosas, mientras que aquellos con beneficios sociales claros, como hospitales o escuelas, tienen un «fast track» que agiliza su aprobación. La Ley de Biodiversidad (Ley N° 7788) y la Ley Forestal (Ley N° 7575) son ejemplos de normativas que han permitido a Costa Rica proteger sus recursos naturales mientras promueve el desarrollo sostenible. Además, el país ha creado mecanismos de participación ciudadana que garantizan que las comunidades locales tengan una voz en las decisiones que afectan sus territorios.
Hacia una regulación ambiental inteligente, eficiente y justa
Chile necesita una reforma a su sistema de permisos ambientales, pero no para debilitarlo, sino para hacerlo más eficiente y equitativo. Propongo tres pilares fundamentales para esta reforma:
Diferenciación de proyectos: No es lo mismo un proyecto minero a gran escala que una planta de tratamiento de aguas servidas. Los proyectos sociales y de infraestructura básica, como hospitales, colegios, sistemas de agua potable y plantas de tratamiento, deben tener un «fast track» que permita su aprobación y ejecución en menos de dos o tres años. Esto no significa relajar los estándares ambientales, sino priorizar aquellos proyectos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, los proyectos de Agua Potable Rural (APR), que si bien no todos los proyectos pasan por el SEA, en Chile suelen demorarse entre 8 y 10 años en ser implementados debido a trámites burocráticos y un proceso excesivamente lento en el Ministerio de Obras Públicas. Este tipo de proyectos deberían ser priorizados y acelerados, ya que son esenciales para garantizar el acceso al agua de las comunidades más vulnerables del país, como las comunidades mapuches del secano costero en la región de la Araucanía, el agua es un derecho humano básico, que el Estado debe garantizar en el menor plazo posible.
Participación ciudadana efectiva: La consulta a las comunidades no puede ser un mero trámite. Debemos fortalecer los mecanismos de participación, asegurando que las comunidades tengan acceso a información clara y oportuna, y que sus opiniones sean consideradas en las decisiones finales. Esto no solo reduce los conflictos, sino que también mejora la calidad de los proyectos.
Evaluación ambiental estratégica: En lugar de evaluar proyecto por proyecto, necesitamos una planificación territorial que identifique las zonas aptas para el desarrollo y aquellas que deben ser protegidas. Esto permitiría agilizar la aprobación de proyectos en áreas previamente definidas como adecuadas, mientras se resguardan los ecosistemas frágiles.
Conclusión: No hay economía sana en Chile con un Medio Ambiente enfermo
La crítica del mundo empresarial a las normativas ambientales es miope y peligrosa. No podemos seguir pensando en el crecimiento económico como un fin en sí mismo, desconectado de sus impactos sociales y ambientales. Chile tiene la oportunidad de liderar un modelo de desarrollo sostenible, pero para ello necesitamos una regulación ambiental que sea rigurosa, pero también ágil y justa. Los proyectos sociales y de infraestructura básica no pueden esperar décadas para ser aprobados, pero tampoco podemos permitir que la desesperación por el crecimiento nos lleve a sacrificar nuestro patrimonio natural.
El verdadero «cáncer» para la economía no son las leyes ambientales, sino la falta de visión para entender que el futuro del país depende de cómo resolvamos este desafío hoy. Como Partido Regionalista Verde Social, estamos comprometidos con un Chile que crece, pero que lo hace de manera sostenible, respetando a las comunidades y protegiendo el medio ambiente que nos sustenta. Esa es la única forma de asegurar un futuro próspero para las próximas generaciones.