En esta sección damos a conocer los diagnósticos y propuestas de políticas públicas y/o de los temas que consideramos relevantes en el contexto actual del país.
I.- Elección de Gobernadores: Asegurar como un compromiso de la más alta prioridad política y legislativa la reforma constitucional que garantice un Chile descentralizado, con potestades regionales y locales, concretando la elección de gobernadores regionales el 2020, con competencias claras y traspaso de programas en fomento, transporte, desarrollo social, medio ambiente y planificación territorial vinculante. El envío de un proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía Plurinacional para la Región de la Araucanía. La convocatoria a un diálogo político del más alto nivel en dicha región, incluyendo una instancia ancestral propia como lo es el Parlamento Indígena.
II.- Rentas Regionales con Pago de Grandes Empresas:
Propuesta: El envío de la Ley de Rentas Regionales en base a lo propuesto por la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional del año 2014, obligando a las grandes empresas a pagar tributos en los territorios por los recursos naturales (mineras, forestales, eléctricas, pesqueras, puertos) que son sustento de sus utilidades, sin que esto signifique en medida alguna pagar por contaminar.
Asumiendo que este es un tema pendiente, amparado en una legislación insuficiente que ha permitido que principalmente las regiones del norte del país, poseedoras de los recursos, queden en rezago ya que el aporte de las empresas extractoras es mínimo. Proponemos instaurar un Royalty a la gran minería, cuya recaudación debe ir en parte a un fondo mixto para las regiones productoras del mineral con el objeto de desarrollar economías sustitutivas de la minería extractiva, y en otra parte a un fondo solidario para todas les regiones.
Para lograr lo anterior, este año 2021 la sala de la Cámara de Diputados, aprobó en general y particular y con un amplio apoyo, el proyecto que busca establecer un Royalty Minero a la extracción del cobre y del litio, presentado por los diputados FRVS en el año 2018, y hoy se encuentra a la espera de ser puesto en tabla en el Senado de la República.
Propuesta para proyecto de acuerdo amplio:
LEY DE RENTAS REGIONALES PARA UN ACUERDO TRIBUTARIO AMPLIO REGIONALIZADO (ATAR)
Basados en lo propuesto por la Comisión Presidencial para la Descentralización del año 2014 la que adecuadamente argumentó de manera unánime en favor de la descentralización fiscal porque:
- posibilita mejorar la eficiencia en el uso de los recursos al disminuir la burocracia de intermediación, acortando los ciclos desde el levantamiento de demanda hasta la provisión de soluciones públicas,
- posibilita la Cohesión Social y Gobernanza Territorial, entendida como el resultado esperado de avanzar hacia la construcción de un país territorialmente equilibrado.
- Activa las economías locales siendo clave en la teoría del desarrollo la reinversión de renta en los territorios para su infraestructura, capital social avanzado y redes de emprendimiento e innovación.
Y considerando, que el anuncio de una ley de “modernización” tributaria por parte del Presidente Sebastián Piñera junto a evitar el regreso de malas prácticas evasivas de grandes empresas y el segmento del 10% de los chilenos más ricos, tendrá alguna viabilidad si busca el acuerdo con los territorios, combina la redistribución de recursos con tasas incrementales a industrias de recursos naturales con bajísima tributación territorial y pierde el miedo a dar autonomía a las regiones para que se hagan corresponsables de su desarrollo en verdaderas alianzas público-privadas y sociales, en un ciclo virtuoso de neo-desarrollismo que no pierda de vista la competitividad sistémica poniendo en movimiento el capital social endógeno.
Que no basta elegir autoridades y tener competencias, se requieren recursos y autonomía para endeudarse en mega proyectos con prudencia, lograr terminar con brechas, obligarse a la austeridad como Estado central sin multiplicar las agencias y servicios nacionales en una sobre institucionalización inútil para avanzar.
Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para acordar:
Llamamos a integrar en este posible Acuerdo Tributario Amplio Regionalizado (ATAR), a considerar las 10 principales propuestas de dicha Comisión que actualizamos en los siguientes puntos para proponerse por ley que municipios, regiones y autonomías indígenas alcancen el 35% del gasto fiscal hacia el 2025 en un mix de normas de redistribución de recursos actuales, actualización catastral municipal y rentas regionales
- Traspaso de los impuestos mineros territoriales al sistema regional:
Se mejora la actual patente minera y se traspasa el Impuesto Específico Minero al sistema regional (elevándolo del 3.8 al 5%), con la siguiente distribución que asegura el mantenimiento del porcentaje actual de los Fondos de Innovación para la Competitividad Regional y con mayor protagonismo con sus consejos de innovación. Se propone la siguiente distribución:
- 20% al o los Municipios de localización de las faenas mineras (un reglamento combinará las variables: yacimiento, logística, instalaciones y lugar de residencia de trabajadores)
- 20% a las comunas restantes al lugar de localización de la faena minera, según población.
- 10% se destina a Fondos Regionales de Innovación en Ciencia y Tecnología
- 50% al Fondo de Convergencia y Solidaridad Inter Regional
2.- Ley espejo de inversión en metros, trenes y corredores urbanos de buses, obligando anualmente que lo invertido en la RM en estos ítems que hoy manejan MOP, MINVU, METRO y EFE signifique un máximo de 40% de la inversión, debiendo invertirse un 60% en las restantes regiones. Para evitar inflexibilidad se puede ecualizar el gasto en períodos trianuales.
3.- Permitir endeudamiento para mega proyectos para asociarse entre regiones, con provincias argentinas, consorcios públicos-privados que transformen los territorios y dinamicen la economía, tales como de carreteras, túneles bioceánicos con tope máximo de pago anual de deuda que no supere el 7% del presupuesto anual. Del mismo modo podrán acordar financiamiento plurianual de obras, programas y subsidios.
4.- Fortalecer la recaudación predial municipal por mejores servicios y terminar con privilegios de las grandes cadenas en patente comercial. En el impuesto de bienes raíces se debe obligar al Estado Central de manera incremental en 6 años a devolver a los municipios el 100% de los montos de exención del impuesto territorial a los municipios y el FCM (hoy el 80% de los predios está exento) a cambio de Servicios Municipales Garantizados que se formulan quinquenalmente con alta eficacia o se suspende a los alcaldes por alto abandono de deberes. Los Municipios con más de 20 mil habitantes deberán tener oficina de catastro pactada con el SII para mantener re avalúo vigente, esto es concordante con el principio de co-responsabilidad.
También terminar con privilegios de grandes cadenas al eliminar el tope de patentes comerciales (hoy en ocho mil UTMs) y se establece una patente mínima de U.T.M 1, el valor mínimo de patente se aplicará por sucursal, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial, con objeto de eliminar inequidad en el pago entre grandes empresas y empresas de menor tamaño. Se pone fin a exenciones en el pago de patentes comerciales a industrias extractivas de áridos, pesca y forestal (minería paga patente propia).
5.- Crear la Patente Eléctrica que debe pagar cada central de generación en el o los municipios donde se localiza, distribuyéndose el pago en un 70% en el Municipio respectivo y un 30% para la Región respectiva. Con un 60% deducible del impuesto de primera categoría. Aplicándosele el régimen general de cálculo de patentes. Debe considerarse en caso de afectar comunidades indígenas, procesos participativos en conformidad con el Convenio 169.
6.- Tasa Portuaria Territorial.
Se crea la tasa portuaria a las empresas portuarias concesionarias y no concesionarias, según tipo de carga a aplicar por tonelada . La puesta en marcha no será inmediata, sino gradual, comenzando el año 2019, estableciendo que el monto máximo corresponderá a U$ 0,5 por tonelada a alcanzar en un plazo de cinco años, Dicho cobro se tipificará según la siguiente tabla (Valores en dólares):
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Granel líquida 0.1 0,2 0,2 0,2
Carga fraccionada 0,1 0,3 0,3 0,3
Carga de contenedores 0,1 0,3 0.35 0,5
Granel sólido 0,1 0,3 0,35 0,5
En cuanto a la distribución se propone, que un 50 % de la recaudación quede en la Comuna de localización del Puerto y el 50 % restante al Gobierno Regional. Así también, se establecerá por ley que el 50% del canon de arriendo y otros pagos que se hagan al fisco por parte de las empresas concesionarias y no concesionarias de los puertos de Chile, tanto a las empresas portuarias estatales como al Fisco. Se transfieran a las arcas municipales respectivas, de un modo directo y no condicionado, en forma anual el 70% de este canon, y el 30% se distribuye a los municipios de la provincia respectiva.
7.- Pago de las forestales a los territorios por la vía de impuesto especial de tala a grandes empresas forestales (consideradas como aquellas que tienen más de 200 hectáreas plantadas) Dichas empresas se mantendrán exentas del pago del impuesto predial, pero al cosechar pagarán al municipio respectivo un impuesto de 20 UTM por hectárea (según informe CONAF).
8.- Establecer El Fondo de Convergencia y solidaridad inter-regional con privilegio a zonas rezagadas, extremas, indígenas y agrícolas. El objetivo del Fondo es permitir la intervención en territorios funcionales, mediante la generación de inversiones públicas y estimular la inversión privada, desde una lógica de desarrollo endógeno de los territorios y la reducción de brechas socioeconómicas. El Fondo de Convergencia opera como block grant (menú flexible de proyectos y programas a cargo de cada Región) de carácter plurianual y no como fondo condicionado (categorical grant) a gasto específico. Los montos que lo integrarán provendrán en un 50% del presupuesto nacional (Royalties), en un 25% del presupuesto de la respectiva región y en un 25% de derechos y patentes del respectivo territorio.
9.- Incentivos a localización de actividades productivas en regiones
Se propone la disminución gradual de los impuestos de primera y segunda categoría en regiones en la misma proporción de su aumento en la región Metropolitana, de un modo de que este incentivo sea neutro para las arcas fiscales. En específico se debe establecer un mecanismo que permita que el impuesto a la renta de las empresas y las personas sea entre un 2% y 4% menor, dependiendo de la ubicación geográfica donde ejercen y del tipo de actividades.
10.- Permitir la creación de empresas pública regionales y convertir la CORFO en 16 corporaciones regionales de fomento para crear servicios, asociarse con privados, traspasándole a ellas los bienes fiscales, terrenos sin uso, remanentes de recursos mineros y del litio, todo lo cual requiera la aprobación del 60% del respectivo Consejo Regional
III.- Que proponga el fin del 10% de gastos reservados del cobre para las Fuerzas Armadas. Sustituirla por una ley que asegure para las regiones mineras el 5% con la finalidad de aliviar sus graves problemas ambientales, de transporte y en especial para su diversificación económica; y el otro 5 % se destinará a un Fondo de Convergencia para las Regiones de mayor rezago socio económico, en especial la Araucanía y el secano costero.
IV.- Que declare el combate frontal al narcotráfico como tarea prioritaria del Estado de Chile. Debemos evitar que este flagelo pase “al segundo piso” y penetre de manera irremontable a las fuerzas e instituciones que deben combatirlo. Hemos visto como en poco tiempo cada vez son más los territorios controlados por narcos y están detrás de un porcentaje importante de los delitos de mayor connotación. Se requiere severidad, con aumento de las penas para el micro y narcotráfico, brigadas de policías especializadas, desvinculación inmediata de las autoridades adictas a las drogas ilícitas, la obligatoriedad de exámenes preventivos y en especial programas de prevención de niños y jóvenes para evitar el consumo temprano de substancias ilícitas
V.- Ley de desarrollo de las cuencas y priorización pública a nivel constitucional del agua en el siguiente orden: consumo humano, actividades productivas de subsistencia, preservación de ecosistemas, derechos ancestrales y actividades económicas.
Propuesta FREVS
El agua debe ser parte de los bienes comunes con rectoría regional. En el caso del agua propicia la gobernanza multiactor colaborativa por cuencas, con observatorios pactados con las universidades públicas o tradicionales, que aseguren uso racional evitando plantaciones invasivas como las paltas y el pino/eucaliptus en zonas de estrechez hídrica.
VI.- Creación de la Empresa Estatal del Litio y Nitratos, con liderazgo de CORFO para recuperar también las concesiones mal habidas por SOQUIMICH.
VII.- Avanzar hacia un Modelo de Sociedad Sustentable: Como principio, un nuevo pacto socioambiental para Chile incluyendo la recuperación del sentido de lo público de los recursos naturales como el agua, bosques, recursos hidrobiológicos, minerales, que ve la naturaleza principalmente como una despensa, los ecosistemas como un botadero y a los seres humanos solo como entes de producción y consumo. Esto incluye la descarbonización de la matriz energética de Chile.
VIII.-Propuestas para mejorar sistema de Salud
El Estado debe garantizarlo desde la infancia a la alta vejez, profundizando su apuesta por las redes de atención primaria, familiar y preventiva, ampliando sistemas de solidaridad con ancianos y personas vulnerables.
Se juega por estilo de vida saludable, alimentación adecuada, deportes y ejercicios, espacios verdes integrales y planes de descontaminación de las ciudades.
Asegurar el mismo número de especialistas cada cincuenta mil habitantes en todas las regiones, fortaleciendo la salud primaria en los municipios y propiciando la creciente participación regional en el sistema sanitario.
Última actualización: 19 de mayo de 2021