Columna de opinión de Christian Barrera Galdámez, Trabajador Social; Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio. Coordinador Regional Metropolitano de la Juventud Verde.
La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los chilenos, con encuestas que reflejan un aumento significativo en la percepción de inseguridad y el miedo en la población. En 2023 y 2024, Chile registró una tasa promedio de homicidios de 6,3 por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un total de 1.330 asesinatos al año, esto según datos preliminares de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad ENUSC, INE 2024. Este preocupante incremento en la violencia delictiva exige una respuesta inmediata y una estrategia de prevención a mediano y largo plazo que garantice la seguridad ciudadana y recuperar la paz en nuestras comunidades.
Una Política Nacional de Seguridad debe ser integral y combinar dos estrategias esenciales: acción inmediata contra la delincuencia y prevención estructural del crimen. No basta con aumentar la represión del delito; es imprescindible abordar las causas subyacentes de la delincuencia mediante programas de reinserción, acceso a la educación, fomento del empleo juvenil y la transformación urbana con espacios públicos seguros. La inversión en estos ámbitos ofrece alternativas a quienes podrían verse atrapados en la criminalidad y la marginalidad.
Simultáneamente, la acción inmediata es clave para restaurar la confianza ciudadana. Se requiere el fortalecimiento de la presencia de carabineros, la modernización de las herramientas tecnológicas de vigilancia, y la mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias. De igual manera, se requieren propuestas innovadoras que den mayor poder y autonomía a los territorios, como las propuestas presentadas por el precandidato presidencial Jaime Mulet referidas a la Policía Municipal que busca resolver problemas cotidianos que se presentan en nuestros barrios. Asimismo, la coordinación entre fiscales, tribunales y fuerzas de seguridad es vital para garantizar la eficacia en la persecución y sanción del delito.
Para lograr un impacto real y sostenido, la seguridad debe abordarse desde una perspectiva intersectorial. No es solo tarea del Ministerio del Interior o de las fuerzas policiales. Ministerios como Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Vivienda deben ser parte de una estrategia común que aborde la inseguridad desde sus raíces. Es necesario un compromiso transversal que permita desarrollar políticas para quienes han caído en el crimen, así como programas de prevención dirigidos a niños y jóvenes en riesgo social.
En este contexto, la reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública, que comenzó a operar el 1 de abril de 2025, representa un paso importante hacia una mejor coordinación y diseño de estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico. Este organismo tendrá la responsabilidad de formular políticas basadas en datos y evidencia, asegurando que los recursos sean destinados de manera eficiente y efectiva para combatir el delito en todas sus formas.
En conclusión, Chile necesita una política de seguridad contundente y equilibrada, que combine acción inmediata con estrategias de largo plazo. La seguridad no debe ser un botín de disputa política, sino un compromiso transversal por el bienestar de nuestra democracia y la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas.