Como “un hito emblemático en la lucha contra la corrupción de la dictadura” de Augusto Pinochet, fue declarada la noticia de la orden de disolución de la Fundación CEMA Chile y la orden de la cancelación de su personalidad jurídica por parte del tribunal que acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Las acciones judiciales contra CEMA Chile fueron interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado, luego de una solicitud del ex Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes.
Este hecho marcó la gestión ministerial de Osorio, que hoy integra las filas de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS). En su período al frente de Bienes Nacionales encabezó la realización de una acuciosa investigación que acreditó que la Secretaria de Estado transfirió gratuitamente en la dictadura una enorme cantidad de bienes fiscales a CEMA, los que estaban siendo ocupados para actividad inmobiliaria privada.
“Logramos establecer una nómina de 135 propiedades transferidas en forma gratuita por Bienes Nacionales a la Fundación CEMA Chile entre 1977 y 1989, y otras 18 entregadas en concesión de uso gratuito. Ello, sin perjuicio de otros bienes procedentes del patrimonio público que había recibido de municipalidades y los SERVIU. A través de fiscalización en el terreno constatamos que una parte importante de esos bienes había sido enajenada. Es decir, CEMA derivó en una entidad inmobiliaria con fines de lucro”, explica Osorio.
El 10 de diciembre de 2015, Osorio y su equipo solicitaron al CDE que dispusiera acciones judiciales para la restitución de los bienes en manos de CEMA al Fisco, logrando que la Corte de Apelaciones de Santiago diera curso a una solicitud de investigación, por apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y que designara un ministro en visita, quien dispuso el embargo de los activos financieros e inmuebles de la entidad liderada por Lucía de Pinochet.
Según el fallo del Octavo Juzgado Civil de Santiago, el total de los activos de CEMA Chile a 2015 ascendían “a más de 5 millones de dólares, lo que contrastaba con su bajo gasto social”. La justicia acreditó asimismo que los recursos “fueron invertidos persistentemente en instrumentos financieros como fondos mutuos y depósitos a plazo”. En este sentido, la sentencia dictada por la magistrada Sylvia Papa Beletti, establece que CEMA “se apartó de fines de asistencia social para los que fue creada e incumplió de forma grave sus propios estatutos”.
“La Fundación CEMA Chile no se ha ceñido a los fines para los que está destinada (…) razón por la cual esta Juez acogerá la demanda deducida, por cuanto a partir de los antecedentes (…) es posible visualizar que las actuaciones y gestiones de la organización no están orientadas a un interés general y benéfico, lo que difiere diametralmente del objetivo que fue manifestado al momento de su creación por los socios fundadores”, establece el fallo.