Tras intento de “pinchazo” al Presidente Boric, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) insistió en su reforma constitucional que refuerza las exigencias para la intervención de comunicaciones al Presidente de la República y crea un consejo nacional para la supervisión de fiscales. Esto, a propósito de la solicitud negada al Ministerio Público para un “pinchazo” al teléfono del Presidente Gabriel Boric en el marco del caso ProCultura.
Respecto a la solicitud, el parlamentario y abanderado presidencial señaló que “en Chile no hay ningún estatuto especial que en esto proteja al Presidente de la República y es una ciudadano más. Pero hay que tomar ciertos resguardos, a mi juicio, que hoy no están contemplados en la legislación”.
En ese sentido, planteó que “la intervención de las comunicaciones del Presidente de la República debe ser muy bien fundamentada, porque el Presidente obviamente puede tener conversaciones privadas que tengan que ver con la seguridad nacional o con aspectos que no pueden comunicarse ni filtrarse”.
Además, indicó que “hasta ahora el Ministerio Público ha demostrado que no es capaz de contener ni de resguardar las cosas, ya que se filtran como ha ocurrido con la expresidenta de la Cámara de Diputados, como ha ocurrido con un asesor del Presidente que trabajaba en La Moneda, como ha ocurrido con una diputada sobre en una situación compleja y personal respecto de un eventual aborto, otro de conversaciones de con su madre en un ámbito coloquial y otros de situaciones de comentarios o pelambres en una conversación íntima”.
Sobre estas filtraciones, dijo que “van deteriorando la República, haciendo trascender cosas que se pueden usar judicialmente, pero no para publicarlo en todos los medios de comunicación porque son privadas además”.
Por lo mismo, insistió en que “creo que hay que resguardar eso, la seguridad nacional e imponer ciertos límites. De tal forma que estas autorizaciones las den tribunales superiores de la justicia. Eso es lo primero”.
En segundo lugar, expuso que “tenemos que ver quién fiscaliza a los fiscales, porque estos instrumentos pueden ser usados indebidamente”.
A modo de ejemplo, señaló que “hay fiscales, como el caso del exfiscal Guerra que trabajaba para Piñera a través de Hermosilla. Juicios que se terminaron, se anticiparon. Hay situaciones gravísimas. Dicho de paso, financiado después incluso por la municipalidad que dirigía Evelyn Matthei. Lo digo porque hay vínculos políticos”.
“Los fiscales no son ángeles guardianes caído del cielo, no. Son personas, algunas con interés político y que le rinden, como ha ocurrido con el exfiscal Guerra y otros, pleitesía a ciertos actores políticos. Entonces esto es grave, complejos, no es simple y hay que hacerlo con seriedad”, agregó.
Por todo lo expuesto, insistió en tramitar su proyecto de reforma constitucional, el que entre distintas disposiciones plantea “que haya un consejo nacional de la persecución criminal donde, entre otras cosas, fiscalice a los fiscales. Tipo Banco Central, que esté por sobre la contingencia política. Creo que podemos hacerlo para fiscalizar”.
Esto, considerando que “en este caso, entiendo que se trataba de un tráfico de influencias, ¿el Presidente va a cometer un delito de tráfico si es la máxima autoridad de la República? Eso creo que carece de sentido”.
“Creo que esto hay que regular de mejor forma, hay que tener resguardos que deben ir por el lado que sean tribunales superiores y fiscalizar a las fiscales como lo propongo con este proyecto de reforma constitucional que está en el Congreso”, concluyó.