Regionalización
Aspiramos a construir una nueva forma de relación entre el gobierno central con las regiones y comunas, a través de una nueva política de descentralización, orientada a la equidad en el acceso a beneficios y servicios públicos, a mayores niveles de autonomía en la toma decisiones e implementación de iniciativas públicas y en el fomento de un desarrollo territorial acorde a las capacidades sociales y ecológicas.
El gobierno debe ser de todos y para todas, debe ser un bien público, su ejercicio es un derecho y una responsabilidad social, y debe ser garantizada por un Estado descentralizado, con grados de autonomía, participación vinculante, efectiva y con carácter territorial, con alta distribución y desconcentración del poder de todo tipo, además de transparencia en la toma de decisiones. Sus autoridades elegidas deben representar a las personas, a sus comunas y regiones sin abandonar la tarea encomendada.
La descentralización no debe ser comprendida sólo como reformas al sector público, sino que también como una política estratégica para la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo en el país que tenga a las regiones y localidades como protagonistas. Por tanto, equidad, autonomía y desarrollo territorial son los tres ejes transversales que articulan nuestras propuestas para profundizar la descentralización.
Desarrollo Sustentable
Creemos en la sustentabilidad ambiental como base del proyecto de desarrollo económico para nuestro país. Un proyecto en el cual todos seamos partícipes de la definición de nuestro futuro común, propendiendo a una eficiente y sustentable gestión de los territorios, del mar, de nuestras ciudades y localidades, buscando no agotar ni dañar sus ecosistemas del suelo, agua, aire, además de sus áreas verdes y espacios públicos en los centros urbanos, tanto para sus actuales como futuros habitantes. Proponemos transitar de la visión antropocéntrica hacia una eco céntrica como parte de nuestro ideario. Una visión que articula nuestro sentido de la responsabilidad intergeneracional que como sociedad tenemos para con nuestra propia especie y las otras. También porque promueve el principio de la sustentabilidad con el medioambiente, y con la sociedad civil, de modo de que el aprovechamiento de los recursos naturales y sociales se realice de manera ordenada, razonada, cuidando de aquellos que son escasos, y sosteniendo políticas que puedan permitirle mantenerse en el tiempo.
En consecuencia, buscamos orientar las políticas de desarrollo en forma primordial hacia la conservación y eficiente utilización del agua, los minerales, las tierras y todo otro recurso natural, con especial atención en el desarrollo equilibrado y armónico del territorio donde se generan.
Proclamamos la necesidad de aumentar la preocupación por el deterioro del medioambiente y de los ecosistemas naturales y culturales y defendemos, por tanto, la preservación y el cuidado de todas las formas de vida no humanas, promoviendo una sociedad respetuosa de la naturaleza que le da sustento y vida y realzando la necesidad de vivir en un medioambiente libre de contaminación, condición necesaria para que puedan cumplirse otros objetivos de la vida humana.
Territorio y pueblos originarios
Valoramos tanto la vida urbana como la rural. Para los territorios rurales proponemos revalorizar una vida de calidad defendiendo el derecho de las comunidades que la ostentan, sean agrarias, pesqueras, mineras, recolectoras, a mantener su cultura, costumbres y tradiciones que le otorgan identidad territorial y cohesión social. Reclamamos la necesidad de crear y hacer efectiva una Política de Desarrollo Rural, que busque la formulación de planes y programas para que los distintos organismos públicos promuevan la satisfacción de la calidad de vida de mujeres y hombres del sector rural, en igualdad de condiciones que la vida urbana, mejorando sus condiciones y oportunidades. Asimismo, resaltamos la ruralidad como un valor cultural, digno de reconocimiento, protección y promoción, pues es un elemento de identidad local, regional y nacional.
Proponemos la profundización de la participación democrática y en el derecho de que cada región se autogobierne y pueda orientar el destino de su comunidad, propiciando la elección directa de la máxima autoridad ejecutiva regional.
Por otra parte, sostenemos que las autonomías indígenas que se reconozcan en la nueva Constitución deben hacerse posible mediante el desarrollo de mecanismos que articulen la negociación entre las naciones originarias y el Estado, con procedimientos flexibles pero expeditos, para posibilitar la construcción de estatutos autonómicos territoriales para estas naciones originarias.
Derechos sociales y diversidad
Impulsaremos la igualdad en la diversidad, con el objetivo de terminar con la inequidad social la cual impide que mujeres y hombres puedan ejercer su libertad, y vivir una vida digna, en todos sus aspectos. Por lo mismo, defenderemos las políticas públicas y privadas que tengan por objeto terminar con las desigualdades económicas, sociales, territoriales y culturales, promoviendo la existencia de un Estado que proteja a las personas en todas sus necesidades.
Promovemos el compartir la riqueza y la convergencia en ingresos y niveles de desarrollo de los territorios, buscando que todos los habitantes de las regiones puedan progresar “desde abajo hacia arriba”, es decir, con preeminencia de una acción desde lo local, desde los emprendimientos comunitarios, cooperativos e individuales, hacia una economía social justa y solidaria.
Del mismo modo, nos comprometemos con las diversidades y disidencias sexuales en nuestro país a impulsar una agenda de igualdad en la diversidad, que se construye sobre cuatro pilares principales: 1) garantizar derechos sociales, 2) asegurar el reconocimiento de identidades, 3) impulsar políticas contra las violencias, y 4) desarrollar una nueva institucionalidad para las políticas de diversidad.
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