El pasado miércoles 9 de abril, un grupo de organizaciones socioambientales a nivel nacional se reunió en una rueda de prensa en la Sede del Parlamento en Valparaíso. Este evento fue liderado por la Diputada ecologista Viviana Delgado, quien reafirmó su firme oposición al Proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales, conocido como “Ley de Permisología”. Junto a ella, un grupo de parlamentarios, incluyendo a Camila Musante, Hernán Palma, Ericka Ñanco, Ana María Gazmuri, Jaime Mulet y Félix González, manifestaron su descontento ante esta iniciativa.
De manera unánime, exigieron al gobierno el retiro inmediato de la suma urgencia que se le ha otorgado, impulsada por los intereses del sector empresarial que busca acelerar los trámites de permisos para proyectos de inversión en Chile. Este plan se enmarca dentro del llamado “Pacto Fiscal”, que también incluye reformas a la Institucionalidad Ambiental y la Administración del Borde Costero. Los ambientalistas argumentan que, en esencia, esta iniciativa pretende debilitar las ya precarias normas ambientales, eliminar la participación ciudadana y criminalizar a quienes luchan por proteger la biodiversidad.
Durante la rueda de prensa, las organizaciones ecologistas acompañaron a los y las diputadas, quienes expresaron su preocupación por un proyecto que, al buscar acelerar la inversión, demuestra un desprecio por los procesos de evaluación ambiental.
Jaime Mulet, compartió su visión: “Chile ha alcanzado estándares ambientales importantes y ser parte de la OCDE es un orgullo, pero este proyecto representa un claro retroceso en esos estándares. No estamos en contra del crecimiento, pero no a cualquier costo. Es vital revisar las objeciones y asegurarnos de que no se debilite la participación ciudadana. Proteger y fortalecer la voz de las organizaciones es crucial para construir un país sustentable y equitativo. Debemos asegurar que cualquier acortamiento de plazos no implique sacrificar requisitos o condiciones esenciales.”
El Ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la propuesta, alegando que “los tiempos se deberían reducir entre un 30% y 70%”. Sin embargo, Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA, opinó en una entrevista con CIPER que los retrasos comúnmente son atribuibles a la propia responsabilidad de las empresas, que frecuentemente solicitan suspensiones prolongadas durante la tramitación de sus proyectos.
La Asamblea Ecologista de Chile insiste en que esta ley facilitaría que grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, implementen sus proyectos sin restricciones. Esta situación plantea un riesgo inminente, ya que podría resultar en una grave crisis ambiental.
Camila Zarate, de la Asamblea Ecológica y del MAT, afirmó: “Esto es una auténtica motosierra ambiental, que pretende reemplazar la evaluación ambiental por simples declaraciones juradas, aprobando proyectos mediante silencio administrativo o decisiones arbitrarias de ministros.”
Representando a más de 200 organizaciones ecologistas en todo el país, manifestaron su firme determinación de seguir luchando hasta que esta controvertida ‘ley motosierra ambiental’ sea eliminada. Esta postura ha sido apoyada mediante una carta pública impulsada por la Asamblea Ecologista de Chile, la cual cuenta ya con 209 organizaciones firmantes.
Este tema se encuentra actualmente en el segundo trámite constitucional en el Senado, donde, tras su votación, regresará a la Cámara de Diputados para un tercer trámite.
