
Columna de opinión de Patricio Medina, coordinador de la juventud FREVS.
En el contexto mundial, marcado por la triple crisis (climática, de biodiversidad y de contaminación), emerge una nueva crisis que afecta de forma tangible el bienestar de las personas y el desarrollo colectivo de las sociedades. Se trata de la “crisis de la vivienda”, la cual se ha convertido en un problema estructural que pone en evidencia las desigualdades generadas por un modelo económico que ha demostrado limitaciones para garantizar derechos esenciales. En el caso de Chile, este modelo restringe la capacidad del Estado para promover el bien común y garantizar igualdad de oportunidades (Art. 1 de la Constitución Política de la República).
Chile está siendo testigo de esta crisis, que ha evolucionado más allá de la necesidad de solución habitacional para familias vulnerables, convirtiéndose en un problema estructural para transitar al desarrollo. Según la última Encuesta Casen, presentada a finales de 2023, el déficit habitacional del país es de más de medio millón de viviendas, afectando a aproximadamente 2,2 millones de personas, lo que representa el 7,9% del total de hogares. Este problema, sin embargo, no es exclusivo de Chile. En Brasil, el déficit de vivienda alcanzó aproximadamente 7,78 millones de unidades en 2020. En México, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) estimó un déficit de 9,2 millones de viviendas en 2021, mientras que en Perú se calculan aproximadamente 3 millones de unidades habitacionales. Este fenómeno se repite en toda la región, evidenciando la necesidad de repensar el rol del Estado en garantizar el acceso a la vivienda como un “derecho básico” que el mercado por sí solo no ha podido resolver.
La falta de acceso a vivienda impacta especialmente a los jóvenes. Un estudio de la Fundación Techo señala que el 57% de los jóvenes entre 18 y 29 años aún vive con sus padres. En Santiago, menos del 40% de las viviendas en arriendo son asequibles para el 50% de las personas ocupadas, cuyo ingreso es igual o inferior a $582.559. Además, el 60% de los jóvenes entre 25 y 34 años no puede obtener un crédito hipotecario. Esta situación, sumada a los efectos de la crisis económica post-pandemia, ha dejado a más de 1,8 millones de jóvenes sin empleo, profundizando la brecha en el acceso a una vivienda digna.
La política habitacional de las últimas décadas ha apostado en gran medida por el mercado como el principal actor en la solución del problema, sin considerar que este no siempre responde a las necesidades sociales ni a las transformaciones estructurales del país. Este enfoque ha resultado en el agravamiento de la crisis, reflejado en el aumento de los campamentos, que han alcanzado cifras históricas.
Ante esta situación, es urgente implementar medidas concretas, como la regulación del valor del suelo urbano, la limitación de la especulación inmobiliaria y una mayor efectividad de los planes reguladores. Asimismo, es fundamental fortalecer la inversión en viviendas sociales y promover nuevos modelos, como por ejemplo, las cooperativas habitacionales.
En este sentido, el programa de gobierno del Diputado Jaime Mulet ha presentado iniciativas que buscan abordar el problema de la vivienda con una visión integral, considerando las múltiples crisis asociadas a la globalización y el rol del Estado en garantizar este derecho fundamental. es de esperar que otros programas de gobierno también incorporen propuestas concretas para fortalecer la regulación del mercado inmobiliario, promoviendo una mayor participación estatal en la planificación urbana y en la generación de soluciones habitacionales accesibles para la población.
La crisis de vivienda que hoy afecta a los jóvenes repercute en toda la sociedad y en la economía en su conjunto. Invertir en soluciones habitacionales es invertir en el futuro del país. La vivienda es el inicio de todo. Un hogar digno es la base de una vida segura y con bienestar. Tener un techo propio es el primer paso para un Chile más justo y equitativo.
Patricio Medina Johnson
Economista USACH
Coordinador Programático Juventud Regionalista Verde