Hasta las dependencias del ente regulador llegó la presidenta nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Flavia Torrealba y el abogado del partido Patricio Neira, para sostener un encuentro con la Controla General de la República, Dorothy Pérez.

En la reunión, los representantes del partido manifestaron su preocupación por el uso de los recursos Royalty y solicitaron establecer mecanismos de control y fiscalización para resguardar los montos que ya comenzaron a ser distribuidos más de 300 municipios.

La iniciativa, que es de autoría del diputado regionalista Jaime Mulet y el senador Esteban Velásquez y que fue promulgada por el presidente Gabriel Boric, ya comenzó su primera etapa de transferencias por un total de $93 mil millones, a 307 municipios del país.

Estos montos constituyen la mayor inyección de recursos frescos al sistema de financiamiento municipal de los últimos 10 años, una cifra histórica que materializa el avance hacia una mayor justicia e igualdad territorial.

Al respecto, la presidenta nacional del FREVS, Flavia Torrealba, valoró el encuentro y dijo que “le planteamos a la Contralora General, Dorothy Pérez, la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización robustos para resguardar que los recursos del royalty sean utilizados con un sentido estricto de probidad y en el marco del buen uso del gasto público.”

La presidenta agregó que “es esencial que es estos ingresos lleguen a la ciudadanía con medidas concretas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en las regiones de nuestro país. Es por lo anterior, que en forma paralela nuestro diputado Jaime Mulet, presentará un Proyecto de Ley que busca obligar a los alcaldes y alcaldesas a transparentar en sus cuentas públicas anuales los gastos realizados en el marco de los recursos que sean realizados por este ítem”.

“También es necesario que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pueda entregar los recursos necesarios para robustecer el personal de la Contraloría en las diferentes regiones, con la finalidad de que puedan ser capaces de realizar de forma eficaz el trabajo de fiscalización y control y así evitar irregularidades que dañen la fe pública y no contribuyan al crecimiento de las regiones de nuestro país”. Finalizó Torrealba.