A juicio del parlamentario “hay partidos que incluso en estas instancias de crisis y con la grave militarización que enfrenta el país, entorpecen el destrabar la situación y siguen apoyando al gobierno”.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, lamentó que con votos de la Democracia Cristiana, la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de resolución, impulsado por los Regionalistas, por el cual se solicitaba al Gobierno que convocara a un diálogo ciudadano para plantear reformas estructurales al modelo económico y social chileno, con la finalidad de terminar con el estado de emergencia y la militarización del país.
Al respecto, el parlamentario – y ex DC – señaló que junto con las lamentables situaciones que se vivieron este miércoles en la sala, que incluyeron desalojos de asesores de las tribunas que se manifestaban en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la desafortunada reacción de algunas parlamentarias de derecha que destruyeron imágenes que mostraban a los muertos durante estos días de estado de emergencia, “otro hecho lamentable fue que un proyecto de acuerdo que habíamos presentado los Regionalistas, fue rechazado en parte por los votos de la derecha y la Democracia Cristiana”.
“El proyecto de resolución pretendía pedirle al gobierno que se terminara de inmediato con el estado de emergencia y que sustituyera dicho estado y militarización, por un diálogo ciudadano efectivo. Yo estoy convencido que lo que hay que hacer es dialogar y hay que abrir los canales para ese diálogo se produzca. Así que lamento mucho que la Democracia Cristiana lo haya se haya abstenido en masa, propiciando su rechazo, porque era el proyecto de acuerdo más contundente para descomprimir y canalizar la opinión de la ciudadanía a través de diálogo ciudadano y terminar con el estado de emergencia”, indicó.
La propuesta regionalista, pedía además al gobierno implementar todas las medidas necesarias para la constitución de estos diálogos ciudadanos en cada comuna, provincia y región del país, fomentando que fueran las Universidades Estatales las sedes principales de discusión de un nuevo modelo. Así como su realización en un período acotado de tiempo, no superior a tres meses, y cuyos observadores deberían ser los miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya función sería “garantizar la imparcialidad y protección de los derechos de los participantes. Este diálogo deberá concluir con un informe de propuestas que serán sometidas a consideración de los órganos del Estado correspondientes”.