El diputado Mulet, autor de la medida, explicó que “buscamos ser más severo con las empresas que están hoy día entregando un servicio básico como el agua, pudiendo quitarles la concesión frente a situaciones como lo ocurrido en Osorno, pero evitando la judicialización”.
La Bancada de la Federación Regionalista Verde Social e Independientes, presentó un proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, ampliando las causales de caducidad y las obligaciones de las concesiones de este tipo de servicios y aumentando las multas por imfracciones e incumplimientos.
Al respecto, el diputado y autor del proyecto, Jaime Mulet, explicó que “este proyecto lo que establece son nuevas causales de caducidad para las empresas concesionarias de servicios sanitarios y también eleva las multas que hoy día tiene la Ley General de Servicios Sanitarios, hasta 10 mil UTA en los casos más graves. Y asimismo, establece también la obligación legal de las sanitarias de tener plan de contingencia, de emergencia, que hoy día esto no está establecido en la ley, sino solamente a nivel reglamentario”.
Es este sentido, el parlamentario explicó que “la ley actual considera causales bastante genéricas, lo que hacemos nosotros es especificar algunas de ellas que nos parecen susceptibles para que se provoque la caducidad de la concesión, y frente a situaciones como las vividas en Osorno, impliquen sin dudar que la empresa pierda la concesión, evitando la judicialización”.
“En definitiva, este proyecto lo que busca precisamente es ser más severo con las empresas que están hoy día entregando el agua potable, alcantarillado o la prestación de servicios sanitarios, porque obviamente la legislación es muy blanda, es una legislación hecha a fines de la dictadura, reformada en democracia, pero que obviamente es muy blanda con las empresas de servicios sanitarios. Y a nuestro juicio, hay que establecer penas duras, altas, porque los hechos son muy graves”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Obras Públicas, diputado René Alinco señaló que “lo que queremos hacer con este proyecto, es darle más facultades al Estado, concretamente al ministerio de obras públicas, para terminar con el abuso de estas empresas, que se aprovechan de la poca fiscalización y bajas sanciones, terminando siempre perjudicadas las familias y las personas, que confían en ellas. Porque estas empresas deben entregar si o si, de la mejor manera este servicio, que es el más primordial en las necesidades básicas que tiene el ser humano, que es el derecho al agua, y a la higiene en sus hogares”.