El parlamentario e impulsor de la sesión especial para analizar la polémica ley 21.076, lamentó además que “gracias a la abstención mayoritaria de Revolución Democrática, se perdiera el único proyecto que planteaba derogar la ley y restablecerse la situación al estado anterior al cobro del medidor”.
A petición de los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, la Cámara de Diputados analizó en sesión especial realizada este miércoles la situación que afecta y/o puede afectar a los cerca de 6 millones de usuarios domiciliarios consumidores de energía eléctrica, producto de la aplicación de la Ley 21.076, referida al cambio o reposición de los medidores y empalmes de la red eléctrica nacional, más conocidos como Medidores Inteligentes.
Tras la instancia, molesto se manifestó el diputado Jaime Mulet (FREVS), quien junto con señalar que lo presentado por el gobierno como medida paliativa “no sirve para nada”, lamentó además que los diputados de Revolución Democrática se abstuvieran en su mayoría, lo cual sumado al rechazo de la derecha, impidiera que se aprobara el único proyecto, presentado por la Bancada Regionalista, que buscaba derogar la polémica ley e iniciar una nueva legislación que obligue al Estado a solventar la reposición y mantenimiento de los medidores y empalmes en caso de catástrofes, y suspender el Plan para el cambio de medidores.
Al respecto, el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados señaló que “en primer lugar, las medidas que ha anunciado el gobierno no corrigen en nada. Quienes conocemos la ley eléctrica, bien en el fondo sabemos que cualquier operación o costo que asuma la compañía en definitiva se traspasa en tarifa a los usuarios, como ya les traspasaron el costo de los medidores inteligentes, porque las propias compañías han reconocido que las tarifas han subido en orden del 1%, en circunstancias que habían comprometido que las tarifas iban a bajar si es que se usaban estos medidores. Lo que propone el gobierno no ayuda en nada y la compra que pueda hacer de los medidores que propone la ministra, tienen derecho a recuperarla porque la ley les garantiza el 10% de rentabilidad en todo tipo de inversiones o gasto que hagan, entonces eso es una falacia”.
“Lo que hay que hacer y como Regionalistas insistiremos en ello, es derogar la ley derechamente. Y eso planteamos en nuestro proyecto de acuerdo que lamentablemente pese a las vestiduras que rasgan todos frente al tema, no hubo la mayoría suficiente en la Cámara para aprobar esa propuesta de resolución, pues curiosamente los votos de la mayoría de la Derecha sumados a la abstención de Revolución Democrática lo impidieron”.
Por su parte, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda (FREVS), reforzó los dichos de Mulet lamentando “de igual forma que no se haya dado el visto bueno por parte de la Cámara para derogar este proyecto de ley, porque además tiene interpretaciones que no corresponden, sin embargo desde ya decimos que vamos a seguir insistiendo con la derogación en la comisión correspondiente, para que se derogue y se vuelvan a incorporar varias variables que no den eco a ninguna interpretación”.
“Aquí lo que hay que respetar es primero el principio de la voluntariedad de los usuarios, que es algo fundamental para nosotros; segundo, el principio que el pago de los medidores lo tenga que realizar la empresa y lo tercero es que hay que modificar la ley para que no exista ninguna, pero ninguna interpretación que lleve a equívocos frente a estos dos principios que es la voluntariedad y que el pago de los medidores sean de costo de las empresas”.
Finalmente, Jaime Mulet destacó que si bien “el debate fue bueno, que el interés por defender los derechos de los consumidores está, es urgente ir más rápido. Acá lo que tiene que hacerse en derogar la ley y restablecerse la situación al estado anterior, porque esta ley así como se aprobó es la que ha permitido la situaciones abusivas en el cobre de las tarifas”
“Los Regionalistas somos partidarios de achicarles la cancha a las concesionarias y ojalá terminar con este tipo de situaciones en las empresas que prestan servicios de utilidad pública, regularlas, ponerles competencias, reestatizar o estatizar estos servicios como se dan en la mayoría de los países, a fin de terminar con estos perjuicios a los usuarios que ocurren una y otra vez, con los Tags que suben sobre el IPC, con el agua potable, con las eléctricas, siempre hay una situación abusiva, de manera que creo que es muy importante y urgente corregir y derogar esta ley tan injusta con la ciudadanía”.